¿En qué momento?

¿En qué momento algún legislador, el que sea, tendrá la decisión de entrarle al tema de las marchas y manifestaciones?

Es la eterna discusión, de quién tiene la razón, el que ejerce su derecho de manifestación o el que ejerce su derecho de tránsito. Y no es menor, toca la Constitución y hasta derechos humanos pero como diría el buen Cantiflas "oiga usté, no hay derecho".

La afectación económica, la irritación social, el desgaste ambiental que genera cada manifestación en la ciudad son enormes.

Según el diputado federal panista, Agustín Castilla, de enero a diciembre del 2009 se realizaron 3 mil 268 movilizaciones que equivalen a 9 manifestaciones cada día. En el 2010 se registraron mil 584, tan sólo en el primer semestre.

Según la Cámara de Comercio una marcha que dura de dos a tres horas puede generar pérdidas por 320 millones de pesos a comercios establecidos, pero si la situación se prolonga de 4 a 5 horas, las afectaciones pueden ir de 575 a 950 millones de pesos. Cifra, claro, difícil de comprobar porque cae en el supuesto, pero tiene lógica.

En 2009 murió el último intento local, el 6 de abril la Asamblea Legislativa anunciaba que la Ley de Marchas no pasaba, de último minuto se rechazó la iniciativa y se acordó mandarla a la Cámara de Diputados porque, alegaron, los diputados locales carecen de facultades sobre el tema.

Este mes, apenas, la Cámara de Diputados empezó a dar señales de querer abordar el tema. Los diputados del PAN presentaron una iniciativa el pasado 16 de febrero que básicamente pretende ordenar las manifestaciones, con horarios, con tiempo para informar a la gente, en fin.

La iniciativa tiene sus asegunes, por ejemplo, establece que sólo se permitirán manifestaciones pacíficas y con un objeto lícito, y faltaría definir quién establecería qué es lícito o no.

En concreto establece horarios, prohibe bloquear vías primarias, obliga a informar con tiempo de la movilización al GDF y éste, a su vez a la ciudadanía, establece sanciones en caso de incumplir la ley, y la autoridad a la Policía para disolver una manifestación si se altera el orden público.

El PRD dijo que está dispuesto a discutirlo, es decir, no se asoma la voluntad de resolverlo de una vez por todas.

Y entonces parece incongruente tanta obra, tanta vialidad, tanta ruta de transporte alterno si cualquiera, literalmente cualquiera, puede venir y cerrarnos el paso y bloquearnos el derecho de tránsito. Porque es una alteración al orden público que una mamá no llegue a tiempo por su hijo a la escuela si se topa con una marcha, que una ambulancia no pueda pasar, que los taxistas tengan que bajar al pasaje y pierdan horas de trabajo...

Entendemos perfectamente que los manifestantes deban tomar estas medidas ante la nula atención de las autoridades. Lo entendemos porque ellos hacen lo mismo con nosotros.

LA HISTORIA

Los primeros en presentar una Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal fueron los diputados socialdemócratas, el 14 de noviembre del 2006, ante la Asamblea Legislativa. Proponían que en las calles del Centro Histórico, así como Eje Central Lázaro Cárdenas, Reforma, Parque Lira, Alencastre e Insurgentes sólo podrá haber manifestaciones desde las seis horas hasta las veinticuatro horas en días no laborables, también incluía multas y sanciones.

El PAN presentó otra iniciativa el 29 de octubre del 2007 e incluyó cientos de firmas de ciudadanos para obligar a los diputados a impulsar esta propuesta. Un año después, la fracción del PAN en la ALDF condicionó entrar al debate sobre la despenalización de la mariguana, sólo si el PRD aceptaba hacer lo mismo con la ley que regularía las marchas en la capital. a iniciativa se presentó y se dictaminó una propuesta para enviarla a la Cámara de Diputados.

En 2009 presentó la que finalmente fue turnada a la Cámara de Diputados y a la que hace referencia el último documento del 16 de febrero pasado.